México define metas para subsanar retraso en permisos de combustibles.

El regulador mexicano del sector energético, CRE, se enfocará en resolver el retraso en los permisos de combustibles considerando las prioridades del gobierno, según el comisionado Luis Guillermo Pineda Bernal.

Pineda explicó la perspectiva de CRE para el sector local de comercialización minorista de combustibles y las prioridades del regulador en este ámbito durante un evento organizado por la asociación de proveedores de estaciones de servicio, Ampes.

“México sigue con la necesidad de tener más estaciones de servicio”, indicó Pineda, que agrega que la CRE estima en US$250 millones las inversiones destinadas para ese fin.

El funcionario indicó que la relación de estaciones de servicio per cápita es de 9.791:1 en México, lo que se compara con 5.309:1 en Brasil o 2.978:1 en EE.UU., pero en Ciudad de México es de solo 24.047:1.

“¿Si hay esa necesidad, por qué la CRE no ha dado permisos?”, preguntó, en referencia al período de sequía en el procesamiento de permisos.

En mayo, la CRE prometió acelerar el trámite hasta fines de año. En junio aprobó 22 permisos para venta al público de gasolina y diésel y entregó en total 12.996 autorizaciones.

Pineda aseguró que la CRE procesará entre 4.000 y 5.000 solicitudes de nuevos permisos de venta y una gran cantidad de renovaciones y modificaciones.

Sin embargo, antes de decidir sobre estos, Pineda recalcó que es necesario revisar las aprobaciones anteriores a la luz de las reformas constitucionales de 2013 y 2014.

Recuperar la participación de mercado perdida por la petrolera nacional Pemex ha sido una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Energía (Sener).

De esta manera, según Pineda, la CRE está reformulando sus permisos para integrar los “proyectos prioritarios del Gobierno Federal”.

Estos proyectos se orientan a reforzar la soberanía energética, es decir, la demanda interna debe ser cubierta por producción nacional. Para lograr la soberanía energética, se debe expandir la capacidad de las refinerías nacionales, precisó.

Poner en funcionamiento la refinería Olmeca y utilizar la capacidad adicional incorporada con la compra de la refinería Deer Park en Texas ayudará a este objetivo, al igual que los programas de rehabilitación de otras seis refinerías y la construcción de dos plantas coquizadoras.

En cuanto a las licencias de importación y exportación de hidrocarburos en manos privadas, muchas de ellas canceladas, y a la negativa a renovar o extender las licencias vigentes, Pineda indicó que “en este momento hay aproximadamente 94 permisos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos, con la idea de que estos contribuyan a cubrir la demanda del país”.

Sin embargo, conforme se vayan completando las expansiones de capacidad de refinación, “estos permisos de importación vigentes irán disminuyendo con el tiempo”.

PERMISOS RECHAZADOS

Pineda agregó que la CRE rechazará muchas solicitudes de estaciones de servicio en mercados que considera saturados.

“Lo que se observa es un gran número de solicitudes de permiso en áreas donde ya hay una concentración muy importante”, explicó Pineda, que especificó que el estado de México, Veracruz y Jalisco tienen la mayor cantidad de permisos, con 1,167, 786 y 951, respectivamente.

Sin embargo, no mencionó que las concentraciones de gasolineras en estos estados siguen representando un bajo número per cápita, con 14.561:1, 10.258:1 y 8.778:1, respectivamente, según la firma de investigación Petrointelligence.

En cambio, la CRE quiere encontrar “la manera de abrir espacios de inversión en áreas donde hay una escasez importante de estaciones de servicio”, según Pineda, por ejemplo, en el sureste de la península de Yucatán, donde el gobierno está decidido a acelerar el desarrollo económico.

FALLAS TÉCNICAS

Otra causa principal de la negación de permisos son los montos de inversión planificados insuficientes.

“Ponen como inversión para una estación de 500.000 o 1 millón de pesos, cuando sabemos que una estación cuesta mínimo 21 millones de pesos con tres servidores, más o menos en promedio. De 10 a 15 millones son los precios mínimos”, precisó Pineda.

Otros detalles que hacen objetar una solicitud son direcciones físicas incorrectas o incongruentes, empresas fantasmas con registros tributarios inapropiados. “No deben tener omisiones en la presentación de reportes e informes, ni ser reincidentes en el incumplimiento de obligaciones”, especificó. “Si forman parte de un grupo de gasolineras, tengan cumplimiento en sus obligaciones y no dejen de pagar, porque si están en incumplimiento de permisos anteriores, se toma en cuenta a la hora de otorgar nuevos”, aclaró Pineda.